Desde 2022, la tarifa eléctrica permanece congelada, acumulando un subsidio millonario y debilitando los compromisos del Pacto Eléctrico.
Tarifa eléctrica: un congelamiento prolongado que contradice lo pactado
La tarifa eléctrica en República Dominicana ha estado sin variación desde junio de 2022, generando un desfase tarifario significativo. Esta decisión contrasta con los compromisos asumidos en el Pacto Eléctrico, que preveían alcanzar la Tarifa de Referencia hacia finales de 2026.
Muchos han escuchado sobre el “FETE”, esto no es más que un mecanismo creado (Decreto No. 302-03) para suavizar las fluctuaciones en la tarifa eléctrica por las variaciones en los precios de los hidrocarburos, IPC y tasa de cambio. En palabras llanas, la diferencia entre el costo real del servicio y el precio que pagan los usuarios se acumula en el denominado Fondo de Estabilización de la Tarifa Eléctrica. ¿Dónde radica el problema? Cuando los costos del sistema varían y la tarifa permanece fija, se genera un déficit que debe cubrir el Estado mediante subsidios, que, como sabemos, son fondos procedentes de los ingresos generales del gobierno.
El Pacto Eléctrico trató de buscar solución a este tema y ordeno definir una metodología de transición con ajustes trimestrales hasta converger a la Tarifa de Referencia. En la práctica, el cargo al FETE se calcula como la diferencia entre aplicar los valores de la Tarifa de Referencia y de la Tarifa de Transición aplicada, información publicada trimestralmente por el regulador en su web.
Para entender mejor, la tarifa eléctrica de transición es un paso temporal hacia la Tarifa de Referencia, y esta última también es transitoria hasta que se pueda aplicar la Tarifa Técnica, siempre que se cumplan las condiciones de la Ley 125-01.
- Tarifa técnica: refleja costos reales del servicio; permite solo 3% de energía incobrable.
- Tarifa de referencia: reconoce costos con hasta 15% de pérdidas, 97% de cobranza y 10% de gastos operativos sobre ingresos.
- Tarifa de transición: puente hacia la tarifa de referencia, busca desmontar subsidios y garantizar sostenibilidad.
Los compromisos de la tarifa eléctrica
El Pacto Eléctrico es un acuerdo multisectorial (firmado febrero 2021) que busca garantizar la sostenibilidad técnica y financiera del sistema eléctrico. Para ello, estableció una serie de compromisos que deben cumplirse de forma simultánea y progresiva:
- Implementar un Plan de Mejora de Gestión
- Plan Integral de reducción de perdidas.
- Diseñar un sistema de monitoreo y evaluación de las metas de desempeño
- Régimen de consecuencias por incumplimiento de metas
Los compromisos asumidos definieron indicadores clave para monitorear el desempeño, con objetivos al cierre del año 2022, señalar que lo mismo estaban siendo considerados en un esquema que partía del 2017. Sin embargo, como indicamos antes el pacto no se firmó sino hasta febrero 2021, lo que sin duda alteró de forma importante los plazos. Acá los objetivos:
| Indicador | Objetivo (2022) | Resultado (marzo 2025) | Variación |
|---|---|---|---|
| 🔌 Pérdidas de energía | 15% | 37.6% | 🔻 Muy por encima |
| 💰 Índice de Cobranza | 97% | 95.6% | 🔸 Ligeramente por debajo |
| ⚙️ índice de Abastecimiento | 97% | 97% | ✅ Cumplido |
| 💼 Gastos operativos / Ingresos | 10% | 24% | 🔻 Muy por encima |
Además, se indicó como pasos necesarios para los ajustes tarifarios el cumplimiento del:
- Plan integral de reducción de pérdidas.
- Cronograma de mejora de gestión EDES
- Esquema de racionalización del subsidio
- Esquema transparente de transferencias presupuestarias anuales a las EDES
Estos compromisos no son accesorios: son el pilar que justifica cualquier actualización tarifaria. Si no se cumplen, la legitimidad del pacto y del sistema tarifario se ve comprometida.
Las justificaciones
Antes de la suspensión del proceso de transición tarifaria en junio de 2022, la Superintendencia de Electricidad (SIE) había aplicado tres ajustes trimestrales en la Tarifa de Transición. La decisión de interrumpir este proceso fue justificada por distintos actores:
Superintendencia de Electricidad: La Resolución SIE-068-2022-TF, dejó sin efecto el aumento tarifario previsto para el trimestre julio-septiembre de 2022. Argumentando que las “condiciones extraordinarias” a nivel mundial —como el alza desmesurada de los precios de los combustibles— impactaban directamente el costo de generación eléctrica y hacían inviable continuar con los ajustes. La SIE recordó que el Pacto permite cierta flexibilidad en plazos, siempre que se complete antes de diciembre de 2026.
Gobierno dominicano: El presidente Luis Abinader anunció la suspensión de los ajustes como un “imperativo social y moral” para proteger a las familias dominicanas. Se comprometió a mantener vigentes los demás aspectos del Pacto Eléctrico, como la mejora de la gestión y la reducción de pérdidas. El Estado asumió el costo del subsidio, destinando RD$2,810 millones mensuales para evitar que el alza afectara a los usuarios.
Críticas desde medios y analistas: Se denunció que las EDES no habían cumplido con sus compromisos de reducción de pérdidas ni de mejora de eficiencia, lo que invalidaba moralmente los aumentos tarifarios. Se cuestionó que el gasto corriente de las EDES aumentó, incluyendo el incremento de la nómina y salarios, en lugar de reducirse como lo exige el Pacto Eléctrico.
Impacto social: Se alertó sobre el efecto inflacionario de los aumentos acumulados en la tarifa eléctrica, que afectaban el poder adquisitivo de los hogares y aumentaban los costos de producción para las empresas. Se criticó que los aumentos afectaban especialmente a los usuarios de menor consumo (0–300 kWh/mes), que representan cerca del 80% de los usuarios regulados.
El riesgo de deslegitimar el Pacto y prolongar la insostenibilidad
Congelar la tarifa eléctrica ha tenido varios efectos negativos:
- Impacto fiscal: El Estado debe cubrir la diferencia entre la tarifa de referencia y la tarifa aplicada mediante subsidios, lo que genera presión sobre el presupuesto público.
- Distorsión del mercado: Desincentiva la eficiencia operativa de las EDES y reduce la capacidad de inversión en distribución.
- Inequidad: Los subsidios generalizados benefician también a usuarios que no los necesitan, perdiendo la oportunidad de focalizar el apoyo a hogares vulnerables.
- Riesgo del servicio: Si los ingresos no cubren los costos, se limitan las inversiones en mantenimiento, expansión y calidad del servicio.
Visto en cifras, el FETE ha acumulado un déficit de US$2,289 millones entre julio 2022 y marzo 2025. Esta política, mantenida por casi 3 años, es insostenible: profundiza el desequilibrio fiscal y restringe la capacidad de las EDES para mejorar la infraestructura y la calidad del servicio.
El Pacto Eléctrico estableció compromisos: avanzar hacia una tarifa que refleje costos reales del servicio, en paralelo con mejoras en eficiencia y gobernanza. Ajustar tarifas sin exigir el cumplimiento de esos compromisos rompe el equilibrio del acuerdo y debilita su legitimidad. La falta de actualización de la tarifa de transición contradice lo pactado y amenaza la sostenibilidad financiera del sistema eléctrico, afectando tanto las finanzas públicas, como la continuidad y calidad del servicio eléctrico.
Retomar la ruta hacia la tarifa técnica es fundamental. La sostenibilidad requiere una responsabilidad compartida: de la Autoridad para hacer cumplir los compromisos, de las EDES para gestionar con eficiencia, y de los usuarios para asumir el costo real del servicio como base para exigir calidad.
Solo con una visión compartida y corresponsable podremos fortalecer la legitimidad del Pacto Eléctrico y asegurar un servicio sostenible, equitativo y con calidad. La sostenibilidad no puede seguir postergándose: es una tarea de país.
Autor: Fares Antonio Jamatte
Fares Antonio Jamatte | Ingeniero eléctrico con formación en economía y regulación de servicios públicos. Ha trabajado tanto en el sector regulador como en el ámbito comercial de generación eléctrica.
